Durante los últimos meses han sido noticia de forma continua las propuestas de diversas ciudades para intentar restringir el alquiler de viviendas turísticas. Aunque por ahora son sólo eso, propuestas, en caso de hacerse efectivas afectarían enormemente a propietarios y empresas dedicadas al alquiler turístico; entre las que se encuentra Airbnb. Una de las plataformas más castigadas por la limitación de esta actividad.
Andalucía ha sido pionera en llegar a un acuerdo con la web norteamericana, que se ha visto obligada a exigir el número de licencia a todos los apartamentos ubicados en su territorio. En caso de no añadir dicho número antes del 30 de septiembre, el anuncio sería eliminado, tal y como adelantábamos en este artículo.
Algunas ciudades claves para el turismo español han decidido ir más allá y han aprobado ya medidas restrictivas que reducirán el número de apartamentos vacacionales drásticamente; tal es el caso de Palma de Mallorca. A partir de julio los apartamentos turísticos situados en esta ciudad estarán totalmente prohibidos y sólo se permitirá el alquiler turístico de viviendas unifamiliares o chalés, siempre y cuando no se encuentren en el entorno del aeropuerto, suelo rústico protegido o zonas de uso no residencial.
El caso anterior ya ha sido legitimado y aprobado, pero son más las ciudades que están intentando seguir sus pasos:
La ciudad de Madrid perdería el 95% de los alquileres vacacionales si se aprobase la propuesta del concejal José Manuel Calvo del Olmo, por la cual el máximo de días que se podría alquilar un apartamento turístico en Airbnb y similares se debería reducir a 90 días -máximo- al año. Esto se aplicaría a nivel general pero en la zona centro la propuesta llega a ser aún más restrictiva: sólo los apartamentos con una entrada independiente podrían ser comercializados de esta forma.
El Ayuntamiento de Valencia, de la mano de algunos colectivos vecinales y la patronal hotelera, ha sugerido la prohibición de nuevos alquileres en el centro histórico, así como su limitación a aquellos situados en la planta baja o primera de un edificio. Sin embargo, lo que por ahora parece claro es que comenzarán a implantar una normativa de licencias similar a la de otras autonomías. En cualquier caso, el gobierno valenciano permite a cada ciudad legislar sobre esta actividad de forma propia.
Barcelona, por su parte, ha decidido seguir una línea más cordial. No obstante, un alto porcentaje de anfitriones usa el homesharing como sustento. Ya el verano pasado, la ciudad condal decidió establecer diálogo con Airbnb para acabar juntos con las viviendas turísticas ilegales y regular la actividad. Algo que parece haber dado sus frutos: más de 2.500 anuncios han sido retirados tras ser reportados por El Ayuntamiento. A partir del 1 de junio, los anfitriones con propiedades en Cataluña deberán indicar también si su espacio debe estar registrado o no. Igualmente, la plataforma podrá compartir sus datos personales (nombre, DNI, dirección) con las autoridades locales y regionales para que puedan verificar fácilmente si cumplen con la ley.
A falta de una legislación unificada a nivel nacional, son las Comunidades Autónomas las que tienen potestad para regularizar el alquiler de alojamientos turísticos. Un proceso lento y delicado, ya que algunas propuestas entran en conflicto con ciertas normativas; por ejemplo, con la libre competencia de actores económicos. Sin embargo, siendo un tema relativamente reciente, aún queda mucho por hacer y mejorar.
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